Funcionarios colombianos discuten el programa de sustitución de cultivos de coca y la política antidrogas del país
El 11 de marzo de 2025, el Georgetown Americas Institute organizó un conversatorio sobre la política antidrogas de Colombia y su programa de sustitución de cultivos de coca, con la participación de Carlos Fernando Triana, director general de la Policía Nacional de Colombia, y Gloria Miranda, directora del programa gubernamental de sustitución de cultivos ilícitos. El evento fue moderado por Denisse Yanovich, directora ejecutiva del GAI, y ofreció una visión detallada de los desafíos que enfrenta Colombia en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, al tiempo que busca la estabilidad y el desarrollo regional.
Una Historia de Colaboración: Colombia y Estados Unidos
El evento comenzó con unas palabras introductorias del embajador Daniel García Peña, quien destacó la larga colaboración entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Él enfatizó la naturaleza cambiante del problema de las drogas y la necesidad de una cooperación continua entre ambos países. A lo largo de los años, ambas naciones han aprendido de sus experiencias compartidas, ajustando sus estrategias según lo que ha demostrado ser más efectivo. El embajador García Peña mencionó el cambio de liderazgo en Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump, reconociendo que las prioridades y la visión estadounidenses han cambiado, pero reafirmó que la cooperación entre ambos países continuará en la búsqueda de prosperidad mutua.
Intervenciones Iniciales del General Triana y Gloria Miranda
El general Triana ofreció una visión detallada del papel de la Policía colombiana en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Él compartió información sobre el contexto histórico de los esfuerzos de Colombia, particularmente el impacto del Plan Colombia, mediante el cual Estados Unidos invirtió más de 10 mil millones de dólares en el fortalecimiento de la Policía Nacional. Estas inversiones ayudaron a modernizar la fuerza policial, reducir la violencia y combatir a las organizaciones criminales. Triana señaló que, tras el fin del Plan Colombia en 2016, se inició una transición hacia una nueva estrategia llamada Paz Colombia, que se centra en la seguridad, pero también busca apoyar el proceso de paz y el desarrollo regional. Además, explicó la necesidad de mantener la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional y los desafíos que implica mantener la seguridad mientras se abordan los factores socioeconómicos que impulsan las actividades ilegales.
“Con este dinero, la Policía está robusteciendo sus capacidades en conocimiento, pensamiento y ejecución contra las organizaciones criminales en Colombia.” – Carlos Fernando Triana.
Gloria Miranda presentó una perspectiva crucial sobre las dimensiones sociales de la política antidrogas. Ella explicó cómo el narcotráfico y el cultivo de coca están profundamente ligados a la pobreza y a la falta de presencia del Estado en las zonas rurales. Miranda subrayó que muchos campesinos cultivan coca no por intención criminal, sino por necesidad, ya que los medios de vida alternativos suelen ser inaccesibles. La estrategia del gobierno, ella explicó, es reemplazar no solo los cultivos de coca, sino toda la economía ilícita de estas regiones, mediante el desarrollo rural, la mejora de la infraestructura y un mejor acceso a los mercados. Miranda criticó las políticas anteriores, como el Plan Colombia, por estar excesivamente militarizadas y con poco enfoque en la inversión social. Afirmó que el actual gobierno colombiano aboga por una estrategia más equilibrada que combine seguridad con inversión social para abordar las causas profundas del cultivo de coca, como la pobreza y la marginación.
“Cuando hablamos de campesinos, no estamos hablando de criminales, sino de una población pobre y vulnerable, especialmente en zonas donde el Estado no ha estado presente.” – Gloria Miranda.
Seguridad y Desarrollo Social
Triana destacó la necesidad de un enfoque equilibrado donde las medidas de seguridad, incluidas las fuerzas militares y policiales, se combinen con programas sociales que aborden las necesidades de infraestructura, educación y salud. Él explicó que el 30% del esfuerzo está dedicado a garantizar la seguridad, mientras que el 70% restante se enfoca en inversiones sociales por parte de distintos ministerios del gobierno. Subrayó que la presencia del Estado, tanto mediante la seguridad como a través de servicios sociales, es esencial para consolidar la paz y la estabilidad en las zonas rurales.
Por su parte, Miranda señaló que abordar simultáneamente la seguridad y el desarrollo social es indispensable. Ella compartió ejemplos de campo, incluyendo regiones donde el Estado está trabajando para asegurar los territorios con fuerzas militares mientras entrega servicios sociales. Insistió en que las personas en estas zonas deben ver beneficios tangibles de la presencia estatal —como mejoras en salud, educación y oportunidades económicas— si se espera que abandonen actividades ilícitas como el cultivo de coca. Este enfoque holístico, ella argumentó, ayuda a construir confianza entre las comunidades rurales y el Estado, lo cual es fundamental para el éxito de los programas de sustitución.
Sesión de Preguntas y Respuestas: Enfrentando Desafíos en Zonas de Conflicto
La sesión de preguntas y respuestas se centró en cuestiones específicas relacionadas con la implementación de la política antidrogas en zonas de alto conflicto, como Catatumbo, que históricamente ha sido afectada por grupos armados y organizaciones criminales. Triana compartió que el gobierno colombiano, en colaboración con las fuerzas militares y policiales, está trabajando activamente en estas regiones para restablecer el orden y recuperar el control de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Él explicó que una parte clave de este esfuerzo implica tanto la presencia militar como la articulación con distintos ministerios del gobierno para ofrecer servicios sociales y mejorar la infraestructura. El objetivo es reconstruir la confianza dentro de estas comunidades, asegurando que la población se sienta protegida y respaldada por el Estado.
Miranda enfatizó que, si bien la situación en zonas de conflicto como Catatumbo es compleja, el progreso es posible cuando los esfuerzos de seguridad se combinan con iniciativas de desarrollo social. Indicó que en regiones donde se están llevando a cabo negociaciones de paz, hay mayor apertura a la intervención estatal, ya que existe un acuerdo entre los grupos armados y el gobierno sobre la importancia de la transformación económica. Sin embargo, en zonas más volátiles como el Cauca, donde el conflicto aún persiste, la situación sigue siendo difícil. Miranda reiteró que el proceso de sustitución de cultivos de coca requiere un compromiso a largo plazo, no solo en términos de seguridad, sino también en la provisión de servicios básicos que las comunidades rurales necesitan para prosperar.
La sesión también abordó el impacto más amplio del apoyo de Estados Unidos en Colombia, con el general Triana afirmando que la cooperación continua ha sido vital para el avance del país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ambos ponentes reconocieron la importancia del respaldo internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, para mantener los esfuerzos de Colombia en materia de política antidrogas.