Georgetown Americas Institute

La erosión de la democracia en América Latina

El panel “La erosión de la democracia en América Latina” fue moderado por la directora general de GAI, Denisse Yanovich, y contó con los oradores Michael Stott del Financial Times, José Antonio Aguilar Rivera del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mónica de Bolle del Peterson Institute for International Economics y Daniel Kerner del Eurasia Group. Esta sesión examinó las instituciones políticas, los sistemas de justicia y la erosión de la democracia en toda la región.

Panorama de la Región

Stott enmarcó los desafíos democráticos de América Latina en un contexto global. Si bien reconoció las preocupantes condiciones en países como Venezuela y México, enfatizó que la región sigue siendo la más democrática del mundo en desarrollo. Stott subrayó que la resiliencia de las instituciones democráticas a menudo depende de la retirada de las fuerzas armadas de la vida política. Por ejemplo, Brasil y Perú, donde las fuerzas armadas resistieron su participación en intentos de golpe de Estado o crisis políticas, demostraron un cambio con respecto al pasado autoritario de la región. Sin embargo, también destacó el creciente poder de las redes del crimen organizado, los efectos desestabilizadores de las redes sociales sin regulación y la influencia externa de la polarización política estadounidense en América Latina.

El descontento electoral y el auge populista

Kerner examinó los problemas subyacentes del descontento electoral argumentando que el surgimiento de líderes populistas es una respuesta al estancamiento de las economías, la insuficiencia de los servicios públicos y la desigualdad. Tras las expectativas del auge de las materias primas, el consiguiente estancamiento económico ha generado una desilusión generalizada entre la ciudadanía. Gobiernos de todo el espectro ideológico no han cumplido, creando ciclos de volatilidad electoral en los que los votantes oscilan entre la izquierda y la derecha sin encontrar soluciones.

Kerner enfatizó que las élites a menudo han subestimado este descontento, aferrándose a instituciones y políticas que consideran "el camino correcto", ignorando las realidades vividas por los ciudadanos comunes. Los líderes populistas aprovechan esta desconexión presentándose como representantes directos del pueblo. Mediante mensajes sencillos y directos en redes sociales, eluden los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas, al tiempo que presentan sus políticas como más democráticas en lugar de menos democráticas. Kerner advirtió que, a menos que las élites atiendan las demandas ciudadanas de una gobernanza eficaz, el atractivo de los líderes autoritarios seguirá creciendo.

México y los riesgos del colapso institucional

Aguilar Rivera opinó que México está entrando en una nueva fase de autoritarismo posdemocrático. Explicó que, si bien México había logrado una democratización parcial a finales de la década de 1990, las recientes reformas que permiten la elección popular de jueces han desmantelado la independencia del poder judicial, la cual, según él, constituye una base de la democracia liberal. Aguilar Rivera advirtió que deshacer estos cambios será mucho más difícil que revertir la apropiación del poder ejecutivo. Sin un poder judicial independiente, argumentó, no puede haber una adjudicación electoral justa ni pesos y contrapesos en el poder ejecutivo. Enmarcó la trayectoria actual de México como un retorno a su modelo de autoritarismo estable y unipartidista del siglo XX, señalando que la debilidad de los partidos de oposición y una legislatura cada vez más controlada dejan pocas vías para revertir el rumbo.

“Un funcionario gubernamental de la región dijo que el crimen se ha organizado, pero nosotros no, y creo que eso lo resume bastante bien.” – José Antonio Aguilar Rivera

La fragilidad de las instituciones y la polarización en Brasil

En cuanto a Brasil, de Bolle enfatizó el papel central del Congreso en la configuración del futuro político del país. Durante las últimas tres décadas, las reiteradas enmiendas constitucionales y las negociaciones presupuestarias han transferido constantemente el poder del ejecutivo al legislativo, creando un Congreso que es a la vez muy influyente y profundamente desconfiado. Una encuesta reciente reveló que la confianza pública en el Congreso es de poco más del 30%, muy por debajo de la confianza depositada en las fuerzas armadas, la policía o incluso las instituciones religiosas.

De Bolle advirtió que este desequilibrio deja a Brasil vulnerable a la paralización, la corrupción y la creciente penetración del crimen organizado en las legislaturas locales y regionales. Destacó los disturbios del 8 de enero de 2023 y el juicio al expresidente Jair Bolsonaro como eventos que han desafiado las instituciones brasileñas. Si bien el Tribunal Supremo ha mantenido los estándares democráticos, se enfrenta a un intenso escrutinio y presión política. A medida que nos acercamos a las elecciones generales de 2026, De Bolle expresó su preocupación por la polarización, ya que ningún partido centrista parece unir al Partido de los Trabajadores de Lula y al movimiento de extrema derecha de Bolsonaro.

El impacto del crimen organizado en la democracia

El segundo panel de la conferencia se centró en el impacto del crimen organizado en la democracia. Moderado por Paola Bautista, de la Universidad de Notre Dame, la sesión contó con la participación de Guillermo Trejo, también de la Universidad de Notre Dame; Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes; y Angélica Durán-Martínez, de la Universidad de Massachusetts Lowell. La conversación examinó cómo el crimen organizado y las respuestas estatales transforman las instituciones democráticas, la vida cívica y los patrones de violencia en América Latina.

Impunidad, justicia transicional y guerras criminales

Trejo explicó que la relación entre democracia y delincuencia se refuerza mutuamente: mientras que el crimen organizado socava la democracia, las democracias frágiles, a su vez, crean las condiciones para la escalada de la violencia criminal. Trejo rastreó las raíces de estas dinámicas hasta la Guerra Fría, cuando los regímenes autoritarios construyeron estados contrainsurgentes dependientes de servicios secretos, escuadrones de la muerte y policías militarizados. Con el inicio de la democratización, muchas de esas estructuras clandestinas y sus agentes migraron a economías ilícitas, creando redes criminales estatales perdurables. Argumentó que lo que marcó trayectorias diferentes en los países después de la democratización fue si confrontaron su pasado violento. En lugares como Argentina, Chile y Perú, la justicia transicional y los mecanismos de rendición de cuentas disuadieron a los actores de seguridad de conspirar con el crimen organizado y ayudaron a contener la violencia. En cambio, en México, El Salvador, Honduras y Brasil, las amnistías generalizadas consolidaron la impunidad, facilitando la conspiración, impulsando las "guerras contra el crimen" militarizadas y consolidando la gobernanza criminal.

México ilustra estas consecuencias de forma muy cruda. Su guerra contra las drogas, iniciada sin reformar las instituciones de seguridad, dividió algunos cárteles en más de 450 grupos criminales y desató una violencia sistemática contra alcaldes, periodistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos. Trejo enfatizó que redoblar la militarización no es la solución. En lugar de combatir la delincuencia con guerras, los Estados necesitan investigaciones que desmantelen las estructuras estatales-criminales mediante el derecho y la justicia. Señaló a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un ejemplo donde la colaboración internacional y nacional desmanteló redes criminales y redujo las tasas de homicidios, aunque sostener tales reformas requiere un compromiso político a largo plazo.

“Necesitamos procesos de justicia transicional, de nuevos tipos, comisiones de la verdad y desmantelar estas estructuras mediante la ley… no mediante la guerra.” – Guillermo Trejo

El auge de la cocaína en Colombia y el riesgo democrático

Mejía examinó la experiencia colombiana, mostrando cómo el tráfico de cocaína continúa desestabilizando la democracia a pesar de décadas de esfuerzos de interdicción y extradición. Señaló que la producción de cocaína se encuentra actualmente en un nivel récord. Incluso con el aumento de las incautaciones, la proporción de cocaína interceptada ha disminuido, mientras que los ingresos delictivos provenientes del tráfico ahora representan más del 4% del PIB de Colombia, o aproximadamente 15 mil millones de dólares anuales. Mejía argumentó que estos enormes ingresos han permitido a los grupos criminales expandirse territorialmente, fortalecer su presencia municipal e imponer un gobierno criminal mediante órdenes de confinamiento, bloqueos, extorsión e intimidación. Advirtió que Colombia está presenciando una amenaza silenciosa pero profunda a la democracia, ya que los grupos criminales influyen en la política y las elecciones locales mediante la coerción, e incluso recurriendo al asesinato de candidatos políticos. Criticó la iniciativa de Paz Total del gobierno, en particular sus ceses al fuego unilaterales, que limitaron la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad y fortalecieron inadvertidamente a los grupos armados.

Variedades de violencia, cohesión estatal y promesas democráticas

Durán-Martínez situó estos acontecimientos en una perspectiva regional más amplia, enfatizando que la influencia del crimen organizado no es completamente nueva, sino que se ha vuelto más compleja con la diversificación de los mercados ilícitos y el aumento de la violencia visible, como atentados con bombas, asesinatos y ataques a las fuerzas policiales. Si bien existen mercados ilícitos en toda la región, los picos de violencia a menudo reflejan factores políticos e institucionales más que su tamaño. En particular, el nivel de cohesión entre las instituciones de seguridad del Estado, la policía, las fuerzas militares y los diferentes niveles de gobierno influye en si los grupos criminales intensifican los ataques violentos.

No podemos pensar en el declive de la democracia en la región si no pensamos en las promesas incumplidas de la democracia en la región – Angélica Durán Martínez

Durán-Martínez afirmó que la era democrática de la región no ha cumplido tres promesas fundamentales: reducir la desigualdad, mejorar la seguridad y frenar la corrupción. La persistente impunidad y la débil capacidad estatal han alimentado la desconfianza pública, aun cuando algunos gobiernos que adoptan enfoques estrictos en materia de seguridad ganan popularidad por generar un sentido de orden. Argumentó que el crimen organizado no es simplemente una amenaza externa a la democracia, sino que a menudo es instrumentalizado por actores políticos y se convierte en una herramienta para la propia competencia electoral. También señaló que los promedios nacionales pueden ocultar la variación subnacional: las democracias aparentemente estables con frecuencia albergan focos locales de violencia. Al mismo tiempo, países como Chile han evitado hasta la fecha una penetración criminal generalizada gracias a una mayor capacidad de investigación y procesamiento.

El crimen organizado y el futuro de las democracias en América Latina

La conferencia contó con ponencias magistrales sobre el crimen organizado y el futuro de la democracia, a cargo de Felipe Calderón, expresidente de México (2006-2012), y Michael Scott, editor para América Latina del Financial Times. El debate, moderado por Stott, exploró las reflexiones de Calderón sobre su presidencia, la evolución del crimen organizado y los desafíos institucionales y políticos que enfrentan México y la región en general hoy en día.

La erosión democrática en México y la participación internacional

En opinión de Calderón, los mayores riesgos democráticos de la región residen en México. Argumentó que los gobiernos recientes han desmantelado activamente el marco democrático del país, comenzando con la captura de instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral por parte del partido Morena. Calderón afirmó que Morena, el partido gobernante, obtuvo una mayoría abrumadora en el Congreso no mediante votos, sino mediante la manipulación de las normas electorales, lo que permitió reformas constitucionales que socavaron la independencia judicial. Describió esta situación como una ruptura constitucional, advirtiendo que México se enfrenta ahora a la perspectiva de unas elecciones que no serán libres ni justas.

Calderón criticó a los partidos políticos tradicionales por cerrarse a nuevos miembros y líderes, contrastando esto con la historia previa del Partido Acción Nacional (PAN) de renovarse mediante el reclutamiento ciudadano durante sus décadas en la oposición. Advirtió que las prácticas excluyentes de los partidos de oposición actuales han dejado a la ciudadanía con pocas vías de participación democrática, lo que debilita la resistencia a las tendencias autoritarias.

Al ser preguntado si Estados Unidos podría haber hecho más para salvaguardar la democracia en México, Calderón respondió que la política exterior estadounidense ha priorizado cada vez más los intereses nacionales sobre la defensa de los valores democráticos en el extranjero. Sugirió que, si bien este giro hacia adentro es comprensible, subraya la necesidad de que los mexicanos defiendan sus propias instituciones sin esperar un rescate externo.

Lecciones de la lucha contra el crimen organizado y nuevos modelos de seguridad regional

Al reflexionar sobre su presidencia, Calderón enfatizó que el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad nacional y la democracia. Enfatizó que combatirlo no es simplemente una lucha contra las drogas, sino una lucha más amplia para hacer cumplir la ley e impedir que las organizaciones criminales se apoderen de las instituciones estatales. Su administración invirtió en fortalecer las fuerzas policiales, reformar los sistemas judiciales y coordinar la seguridad en los diferentes niveles de gobierno.

Calderón describió la batalla como una competencia entre el Estado y el crimen organizado, recordando momentos en que la policía municipal fue cómplice de secuestros. En tales casos, su gobierno reemplazó a las fuerzas locales y siguió adelante a pesar de las amenazas de los cárteles. Si bien estas medidas redujeron la delincuencia en ciertas zonas, Calderón reconoció los enormes desafíos que plantea la infiltración del crimen organizado en la política, destacando la necesidad de sistemas rigurosos de investigación de antecedentes y procesos de reclutamiento más sólidos y basados ​​en valores para los funcionarios públicos.

El debate también se centró en comparaciones con las estrategias de seguridad regionales. Calderón reconoció la eficacia del enfoque del presidente Nayib Bukele para reducir la delincuencia en El Salvador, pero advirtió contra sacrificar los derechos humanos y el Estado de derecho por la seguridad. Argumentó que los enfoques autoritarios pueden generar resultados inmediatos, pero conllevan riesgos a largo plazo.

La gente está cansada de los criminales, pero si sacrificas la libertad por la seguridad, al final perderás la libertad y la seguridad. Ahora podrías tener miedo de los criminales; mañana tendrás miedo del gobierno. – Felipe Calderón

Calderón también subrayó el papel de los factores internacionales, señalando la expiración de la prohibición estadounidense de armas de asalto en 2005, lo que permitió a los cárteles mexicanos adquirir grandes arsenales. Señaló que el 80% de las 185,000 armas de fuego incautadas durante su presidencia provenían de Estados Unidos, lo que pone de relieve las dimensiones transnacionales del crimen organizado.

Defendiendo la Democracia: Diseño Constitucional, Política de Oposición y Acción de la Sociedad Civil

La conferencia incluyó un panel sobre las herramientas que tienen los legisladores y la ciudadanía para defender la democracia, con la participación de Tom Ginsburg de la Universidad de Chicago, Denisse Dresser del Instituto Tecnológico Autónomo de México y Javier Corrales de Amherst College. La discusión fue moderada por Diana Kapiszewski, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. El debate examinó cómo funcionan las instituciones profesionales, los actores de la sociedad civil y los partidos de oposición en el contexto del retroceso democrático, con especial atención a la situación actual en México.

Instituciones, Profesionalismo y Experiencia

Ginsburg enfatizó el papel crucial de las instituciones profesionales para salvaguardar la democracia en momentos de retroceso. Basándose en casos comparativos de "casi fracasos democráticos", argumentó que las instituciones no electas, como las comisiones electorales, las burocracias y los ejércitos que respetan el control civil, a menudo han sido decisivas para frenar el autoritarismo. Sin embargo, advirtió que estas instituciones están cada vez más politizadas por gobiernos populistas que buscan transformar las instituciones estatales en herramientas partidistas. Destacó la reforma judicial mexicana de 2025 como un claro ejemplo de cómo una institución funcional puede convertirse rápidamente en un organismo dominado por los partidos. Ginsburg reflexionó además sobre las universidades y las asociaciones profesionales, señalando que su legitimidad como generadoras de conocimiento se ha visto atacada y debilitada por posiciones partidistas. Para proteger la democracia, argumentó, es necesario reforzar la experiencia y las normas profesionales, con universidades que renueven su compromiso con la investigación basada en hechos y redes transnacionales que brinden apoyo a los profesionales en apuros.

En general, la burocracia, la experiencia técnica, las instituciones del conocimiento y las instituciones electorales son cruciales para la democracia. La solución debe consistir en redoblar los esfuerzos en la experiencia y ejercer una fuerte autovigilancia. – Tom Ginsburg

Sociedad civil, medios de comunicación y polarización en México

Dresser centró su atención en la sociedad civil y los medios de comunicación, subrayando cómo se han visto asediados en México bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Citó a Steven Levitsky para caracterizar a México como un país que avanza hacia un "régimen autoritario competitivo", aunque blando, o una "autocracia electoral", donde el partido gobernante, Morena, está reestructurando activamente las instituciones para asegurar su dominio a largo plazo. Dresser ilustró las consecuencias de la polarización con experiencias personales de acoso, demandas e intimidación, todo lo cual revela cómo el sistema legal y las instituciones de seguridad se utilizan como armas contra la disidencia. A pesar de ello, describió posibles estrategias para la sociedad civil, incluyendo la defensa del periodismo independiente, el enfoque en poblaciones o temas particularmente vulnerables y la creación de redes internacionales de apoyo. 

“Lo que se está construyendo en México hoy en día en términos de diseño institucional, el papel de los pesos y contrapesos, el engrandecimiento del ejecutivo, significa que Morena está consolidando una hegemonía con la intención de mantenerse en el poder por mucho tiempo y crear las condiciones para que la oposición nunca vuelva a ganar la presidencia. Las reglas del juego están siendo manipuladas en este preciso instante.” – Denisse Dresser

Partidos de Oposición y la Paradoja de la Polarización

Corrales analizó la paradoja de que, si bien la polarización debería dinamizar a las fuerzas de oposición, a menudo no logra contener el autoritarismo. Argumentó que los partidos de oposición en democracias en retroceso se ven debilitados por tres problemas recurrentes: el colapso de los antiguos partidos gobernantes, la fragmentación de la oposición en facciones rivales y la adopción de tácticas extremistas o extrainstitucionales. Enfatizó que el extremismo dentro de la oposición a menudo reduce su atractivo, permitiendo que los gobernantes la presenten como antidemocrática. Sin partidos de oposición fuertes, cohesionados y pluralistas, advirtió, se vuelve casi imposible frenar o revertir el retroceso.

“Es muy difícil detener el retroceso democrático si los partidos de oposición experimentan colapso, fragmentación y extremismo.” – Javier Corrales

El retroceso democrático y la independencia del sistema judicial

Expertos se reunieron para debatir el papel de los sistemas judiciales independientes en la preservación de la democracia en una conversación que contó con la participación de Ana Laura Magaloni, de Magaloni Abogados; Manuel Meléndez Sánchez, de la Universidad de Notre Dame; y Diego Zambrano, de la Universidad de Stanford. La conversación estuvo moderada por Juan Miguel Matheus, de la Universidad Monte Ávila. Los panelistas exploraron la fragilidad de los tribunales bajo liderazgos populistas, las estrategias empleadas por gobiernos con inclinaciones autoritarias para controlar los sistemas judiciales y las implicaciones más amplias para la democracia en América Latina.

Matheus enmarcó el debate enfatizando la centralidad del poder judicial para la supervivencia democrática. Describió los tribunales no como meros instrumentos técnicos para separar poderes, sino como fundamentos morales y humanos para la coexistencia pacífica. En un momento en que el orden democrático liberal enfrenta serios desafíos, argumentó Matheus, comprender cómo preservar la independencia judicial es esencial para proteger la justicia y la democracia en toda la región.

Populismo y la vulnerabilidad de los tribunales en México

Magaloni analizó la reciente reforma judicial de México, calificándola como la más radical jamás implementada por un líder populista en el país. Explicó que los presidentes populistas se presentan no como reformistas, sino como disruptores, buscando cambiar rápidamente el statu quo y eliminar los límites al poder ejecutivo. Dado que la ley y los tribunales están diseñados para restringir la autoridad arbitraria, afirmó, los líderes populistas inevitablemente chocan con los jueces cuando sus iniciativas se enfrentan al escrutinio legal. En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pasó de la confrontación a la reforma estructural, destituyendo a jueces en todo el país y reemplazando a muchos con candidatos de elección popular, lo que debilitó fundamentalmente la autonomía del poder judicial. Magaloni subrayó que este patrón no es único: los líderes populistas, en muchos contextos, consideran los controles legales como obstáculos ilegítimos a la "voluntad del pueblo".

Extrajo dos lecciones de la experiencia de México. En primer lugar, la fragilidad de los tribunales se revela casi de inmediato bajo gobiernos populistas, que pueden ignorar o deslegitimar a los jueces con poco coste político. En segundo lugar, la ley por sí sola no basta para contener el poder; la autoridad judicial requiere capital político y apoyo público para mantenerse eficaz.

“Los tribunales supremos no pueden vivir en una confrontación permanente; la ley por sí sola ya no basta para anclar los límites del poder y el propio Estado de derecho ha dejado de ser una ley inquebrantable.” – Ana Laura Magaloni

El giro autoritario de El Salvador y lecciones para la región

Meléndez exploró el rápido declive democrático de El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele, que describió como uno de los más rápidos del hemisferio occidental. Meléndez señaló que, entre 2009 y 2018, El Salvador experimentó una ola sin precedentes de investigaciones de corrupción contra altos políticos, una señal de rendición de cuentas democrática. Sin embargo, estos esfuerzos, sin quererlo, profundizaron la desilusión pública, convenciendo a muchos salvadoreños de que toda la clase política era corrupta y allanando el camino para el populismo marginal de Bukele.

Meléndez cuestionó las narrativas comunes sobre la ofensiva de seguridad de Bukele. Señaló que, para cuando el presidente lanzó su masiva campaña contra la delincuencia en 2022, ya había controlado los tribunales, el Congreso y las instituciones de rendición de cuentas del país. Esta secuencia es importante porque tal ofensiva no habría sido posible sin desmantelar primero la independencia judicial. Si bien el modelo de Bukele ha inspirado admiradores, Meléndez advirtió que se basa en un control institucional previo y negociaciones secretas con pandillas, lo que lo hace específico del contexto y peligroso para la democracia y la seguridad a largo plazo. El caso salvadoreño, argumentó Meléndez, refleja matices de optimismo y pesimismo: los líderes de la región han intentado seguir su ejemplo y tomar el control de las instituciones e implementar una ofensiva contra todo el poder judicial; al mismo tiempo, esto perjudica gravemente la democracia y la seguridad, ya que puede ser contraproducente y conducir a más violencia con el tiempo. 

En los 43 meses de la represión en México, las autoridades mexicanas arrestaron a 107 personas por cada 100,000 mexicanos, lo que equivale al 0.1% de la población. En El Salvador, en 24 meses, las autoridades salvadoreñas arrestaron al 1.2% de la población, un orden de magnitud mayor que en México. – Manuel Meléndez Sánchez

Captura Judicial y los Límites de las Salvaguardias Legales

Zambrano examinó por qué los tribunales a menudo no logran detener la erosión democrática, incluso cuando parecen formalmente independientes. Señaló evidencia global que demuestra que la revisión judicial por sí sola rara vez previene las tomas de poder autoritarias; en casi el 95% de los casos en que los líderes intentaron eludir los límites de mandato o ampliar su poder, los tribunales no los detuvieron. En lugar de desmantelar abiertamente los tribunales, los autócratas modernos tienden a capturarlos, utilizando reformas legales y técnicas para convertir a los poderes judiciales independientes en aliados, preservando al mismo tiempo una apariencia de legitimidad.

Zambrano describió cuatro estrategias comunes: manipular los nombramientos judiciales, convocar asambleas constituyentes para reescribir las normas, ampliar el número de jueces (rellenar los tribunales) y presionar a los jueces actuales para que se jubilen. Estas estrategias suelen ocurrir de forma discreta, al margen del escrutinio público debido a la naturaleza técnica de los procesos judiciales. Sin embargo, también señaló que casos recientes en América Latina —en particular en Brasil, Colombia e inicialmente en México— muestran que los tribunales resisten las presiones autoritarias cuando cuentan con el respaldo de la cohesión de las élites y normas profesionales sólidas. Las instituciones informales, como las normas no escritas de conducta judicial y el apoyo de las élites a los tribunales, suelen resultar más importantes que las características formales del diseño.

“La nueva creencia popular es que los líderes autoritarios, en lugar de destruir los sistemas judiciales, intentan capturarlos. Este enfoque se justifica porque los gobiernos pueden argumentar una cobertura democrática, crear confusión entre la ciudadanía sobre lo que está sucediendo y complicar la respuesta de la oposición y la comunidad internacional.” - Diego Zambrano