Alfredo Thorne, exministro de Finanzas de Perú, analiza el futuro político y económico del país.
El 2 de marzo de 2026, el Georgetown Americas Institute organizó una conversación virtual sobre las perspectivas políticas y económicas del Perú. El panel contó con la participación de Alfredo Thorne, exministro de Finanzas del Perú, y Alejandro Werner, director fundador del GAI.
La conversación tuvo lugar en el contexto de una paradoja que ha definido al Perú durante casi una década: una persistente inestabilidad política que coexiste con una sólida resiliencia macroeconómica. Sin embargo, ese equilibrio se encuentra bajo una presión creciente, tal como quedó de manifiesto en febrero de 2026, cuando el Congreso destituyó al presidente José Jerí, el octavo mandatario desde 2016. Mientras tanto, el crecimiento se ha desacelerado, la confianza empresarial ha disminuido y el espacio fiscal se ha reducido, lo que plantea interrogantes sobre cuánto tiempo más podrá la economía mantenerse al margen de la disfunción política.
Raíces de la inestabilidad política
Thorne atribuyó la crisis actual a las elecciones presidenciales de 2016, en las que Pedro Pablo Kuczynski derrotó por un estrecho margen a Keiko Fujimori. Fujimori impugnó el resultado y aprovechó la mayoría parlamentaria de su partido para impulsar un juicio político, invocando una disposición de la Constitución de 1993 que faculta al Congreso para destituir, mediante una mayoría de tres cuartas partes, a un presidente considerado moralmente incapacitado para gobernar. Lo que siguió fue un prolongado enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo que ha desestabilizado a todas las administraciones posteriores.
«Esto desató una crisis política y una rivalidad entre diferentes partidos en el Congreso». — Alfredo Thorne
Fragmentación de los partidos políticos
Thorne sostuvo que el problema estructural que subyace a la inestabilidad política del país es el colapso del sistema de partidos tradicional del Perú. Los partidos sólidos e institucionalizados que el país fomentó antes de la década de 1990 han sido reemplazados ahora por lo que él describió como organizaciones vacías, que pueden formarse con recursos mínimos y un puñado de firmas. Con aproximadamente 36 candidatos presidenciales en las próximas elecciones, la formación de partidos se ha convertido menos en un ejercicio cívico que en un vehículo para acceder a los recursos del Estado. El Congreso ha explotado esta fragmentación para consolidar su poder, nombrando un poder judicial alineado con sus intereses y desmantelando la Fiscalía General. Thorne calificó el resultado como una deriva gradual hacia una autocracia parlamentaria, algo aún más llamativo dado que el propio Congreso sigue siendo profundamente impopular.
«Hemos transitado gradualmente hacia una suerte de autocracia parlamentaria.» — Alfredo Thorne
Próximas elecciones y poder legislativo
En el Congreso, las normas electorales dificultan que los partidos pequeños obtengan escaños, por lo que es probable que la representación se concentre en tan solo unos pocos partidos.
«Ante la proximidad de las elecciones, ningún candidato cuenta con una ventaja decisiva. Aunque Rafael López Aliaga lidera actualmente las encuestas con apenas un 13,4 %, el 42 % de los votantes permanece indeciso». — Alfredo Thorne
Los analistas prevén que Fuerza Popular y Renovación Popular dominarán, otorgando a la derecha el control efectivo de ambas cámaras. El Senado, que regresa por primera vez desde el año 2000, ejercerá una autoridad significativa: podrá aprobar legislación de manera independiente de la Cámara de Diputados y tendrá influencia sobre los nombramientos en el Banco Central, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Los límites de la resiliencia económica
A pesar de la inestabilidad política, la economía de Perú ha continuado creciendo, expandiéndose un 3,4 % en 2025, con proyecciones del 3,2 % para 2026 y del 3,3 % para 2027. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el sector privado, el sólido desempeño de las exportaciones y la inversión minera sostenida; resultados que superaron las expectativas en un contexto de vientos en contra externos derivados de la política arancelaria de Estados Unidos. El déficit fiscal se ha mantenido contenido, cumpliendo dos de las cuatro metas establecidas, incluidas las relativas al déficit y a la relación deuda-PIB.
No obstante, Thorne advirtió que los cimientos de esta resiliencia se están erosionando. Perú se ha beneficiado de los términos de intercambio más favorables desde la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, está creciendo a la mitad del ritmo que habría alcanzado bajo condiciones similares en el pasado. La desaceleración del crecimiento potencial coincide con el auge del populismo económico, manifestado de manera más visible en una reciente legislación del Congreso que incrementa los salarios del sector público en un monto estimado equivalente al 1 % del PIB. El marco constitucional —que protege los derechos de propiedad, consagra la autonomía del banco central y otorga un trato equitativo a la inversión extranjera y nacional— ha constituido el anclaje fundamental de la credibilidad económica. Sin embargo, los actores políticos están poniendo a prueba sus límites.
El Banco Central ha mantenido la inflación en aproximadamente un 2 % —por debajo de los niveles de Estados Unidos—, pero ha tardado en recortar las tasas de interés y ha intervenido fuertemente en los mercados cambiarios, contribuyendo a la acumulación de deuda a corto plazo. Thorne sugirió que, una vez que ceda la incertidumbre electoral, es probable que el banco transite hacia un ciclo de flexibilización.
Mirando hacia el futuro
El panel coincidió en que Perú enfrenta una coyuntura crítica. El sistema político se ha vuelto cada vez más disfuncional, aun cuando la economía se ha mantenido, en términos generales, estable; sin embargo, esa brecha se está reduciendo. El progreso a largo plazo dependerá de si el gobierno entrante y el Congreso logran reconstruir la credibilidad institucional, contener las presiones fiscales y restablecer la confianza empresarial, o si la erosión de las normas —que se ha acelerado desde 2016— continúa socavando los cimientos que han mantenido a flote la economía peruana.