El próximo presidente de Colombia: ¿Qué viene después de la votación?
El 24 de marzo, el Georgetown Americas Institute organizó una conferencia sobre las perspectivas políticas y de gobernanza de Colombia, en un momento crucial de la trayectoria democrática del país.
Mientras los colombianos se preparan para elegir a su próximo presidente, el evento analizó la agenda que heredará la próxima administración: una economía bajo presión fiscal, un panorama de seguridad marcado por grupos armados fragmentados y una economía del narcotráfico cambiante, así como una creciente tensión sobre las instituciones que sustentan la gobernanza democrática.
La conferencia planteó las elecciones de 2026 en Colombia como algo más que una simple cuestión sobre quién gobernará a continuación. A lo largo de ambos paneles, los oradores subrayaron que la próxima administración se enfrentará a un conjunto de desafíos interconectados: un crecimiento débil, rigidez fiscal, baja productividad, violencia fragmentada y una menguante confianza en las instituciones. Por consiguiente, la interrogante central no residía únicamente en qué sucederá tras la votación, sino en si el próximo gobierno de Colombia tendrá la capacidad de responder a estas presiones de manera coordinada y creíble.
La discusión se dividió en dos paneles. El primero, moderado por Alejandro Werner, contó con la participación de Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad; Javier Mejía Cubillos, profesor de la Universidad de Stanford; y Andrés Zambrano, economista sénior para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. El segundo, moderado por Michael Shifter, reunió a María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz; Román Ortiz, del Strategic Analysis and Consulting Group; y John Walsh, director de política de drogas y la región andina en WOLA.
Crecimiento, empleo y realidad fiscal
El primer panel presentó un panorama de un país que enfrenta una difícil herencia económica. Maiguashca sostuvo que Colombia se ha alejado de una mentalidad orientada al crecimiento y ha tratado la inversión como algo secundario, en lugar de esencial. Señaló los recientes debates en materia energética, argumentando que la transición hacia las energías renovables debe ser gradual y fiscalmente realista, especialmente dado que los ingresos provenientes del petróleo y el gas siguen siendo fundamentales para financiar el gasto público de Colombia y su agenda de desarrollo más amplia. Asimismo, subrayó que el crimen organizado se ha expandido, las condiciones de seguridad han empeorado y la informalidad laboral sigue constituyendo una de las debilidades estructurales más graves del país. Solo el 27 por ciento de la población activa, señaló, cuenta con un empleo formal. A su juicio, el próximo gobierno deberá recuperar un compromiso más claro con el crecimiento, la inversión y la confianza institucional.
Maiguashca también advirtió que el problema no es solo económico, sino político. A su juicio, Colombia ha dedicado demasiado tiempo a debatir sobre ideología y muy poco a crear las condiciones para la inversión. Señaló que la inversión como proporción del PIB ha venido cayendo desde 2016 y sostuvo que revertir esa tendencia requerirá la presencia de más actores en la mesa, así como un entorno político que acoja activamente la actividad productiva.
«La idea de que no estamos enfocados en el crecimiento». — Ana Fernanda Maiguashca
Mejía abordó el debate desde la perspectiva de la desigualdad y la movilidad social. Argumentó que la desigualdad en Colombia a menudo se malinterpreta, ya que no se trata únicamente de vulnerabilidad o de la exposición a *shocks*. Se trata también de la coexistencia de un pequeño grupo de personas altamente cualificadas que prosperan en mercados globalmente conectados, y de millones de colombianos para quienes esos mercados ofrecen una movilidad muy limitada. Desde esa perspectiva, cuestionó si la administración de Petro ha diagnosticado el problema de manera correcta. A su juicio, la respuesta del gobierno se ha apoyado en exceso en la imposición de impuestos a los sectores intensivos en capital y a los actores acaudalados, prestando, en cambio, menos atención a la realidad más profunda de que los mercados funcionan muy bien para algunos colombianos y muy mal para muchos otros.
Una parte fundamental del argumento de Mejía fue que la exclusión en Colombia está determinada no solo por los ingresos, sino también por el capital social. El acceso a las oportunidades depende de las redes personales, del acceso institucional y de la capacidad para transitar por espacios que permanecen cerrados para gran parte de la población. En este sentido, sugirió, el gobierno ha tenido más éxito en cambiar el lenguaje de la desigualdad que en generar logros políticos de igual contundencia.
Zambrano abogó por la sostenibilidad fiscal, señalando que, si bien el gasto público aumentó de manera permanente tras la pandemia, los ingresos no crecieron al mismo ritmo, lo que generó un desequilibrio estructural en el que el gasto es sumamente rígido y el ajuste resulta difícil. Al mismo tiempo, el aumento de los costos de endeudamiento soberano está incrementando los pagos de intereses y desplazando la inversión, lo que debilita las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Colombia. Zambrano sostuvo que Colombia aún cuenta con herramientas institucionales para la planificación fiscal a largo plazo, pero que estas no han logrado contener plenamente la acumulación de deuda. Su mensaje fue que el ajuste es necesario, pero que este, por sí solo, no será suficiente. A su juicio, el problema de Colombia no radica únicamente en la insuficiencia de inversión, sino también en un dinamismo empresarial débil, una asignación ineficiente de recursos y un entorno que dificulta excesivamente la creación, el crecimiento y el cierre de empresas.
Seguridad, narcotráfico y control territorial
El segundo panel destacó la fragmentación territorial e institucional que moldeará la agenda de seguridad del próximo presidente. Llorente sostuvo que el Acuerdo Final de 2016 para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera marcó un punto de inflexión histórico al poner fin a un conflicto largamente padecido; sin embargo, subrayó que su implementación ha sido desigual, especialmente en las regiones periféricas, donde el Estado nunca ha consolidado plenamente su presencia. En dichas zonas, la debilidad de los bienes públicos, el limitado alcance institucional y la persistencia de economías ilícitas continúan definiendo la gobernanza local.
Llorente se mostró especialmente crítica con la estrategia de «paz total» del gobierno. En lugar de generar los logros humanitarios prometidos —sostuvo—, esta ha coincidido con una expansión significativa de los grupos armados y un debilitamiento aún mayor de la confianza pública. El conflicto se ha vuelto más fragmentado, más horizontal y más difícil de gestionar mediante los marcos tradicionales.
«Estamos atrapados en la narrativa del conflicto armado interno y necesitamos avanzar más allá de ella». — María Victoria Llorente
Ortiz argumentó que el entorno de seguridad actual es especialmente peligroso debido a que varias condiciones han cambiado de manera simultánea. Los grupos armados ilegales operan ahora con bases económicas más sólidas, mientras que el Estado enfrenta mayores restricciones fiscales. Las condiciones regionales también han variado, incluida una menor estabilidad en el apoyo de Estados Unidos a la cooperación en materia de seguridad a largo plazo. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías —como los drones— han reducido las barreras de entrada para los actores no estatales. A su juicio, el aparato de seguridad de Colombia se encuentra bajo presión en los ámbitos financiero, operativo y estratégico, a pesar de que se sigue esperando que garantice la seguridad en un territorio nacional sumamente desigual.
Walsh situó el dilema de seguridad de Colombia dentro del marco más amplio del régimen internacional de drogas. Sostuvo que el país permanece atrapado en un marco prohibicionista que no ha logrado reducir los mercados ilícitos, aun cuando estos continúan expandiéndose. A su juicio, el cultivo de coca —que se encuentra en máximos históricos— y la creciente sofisticación del crimen organizado limitan el alcance de lo que cualquier gobierno puede lograr únicamente mediante la aplicación de la ley a nivel interno.
Preguntas y respuestas
En conjunto, los dos paneles sugirieron que el próximo presidente de Colombia heredará algo más que una lista de problemas sectoriales. El desafío más profundo consiste en gobernar un país donde el crecimiento débil, la rigidez fiscal, la baja productividad, la violencia fragmentada y la desconfianza institucional se refuerzan mutuamente. El evento no ofreció una hoja de ruta única, pero dejó claro que la próxima administración deberá reconectar el debate público con los problemas de política concretos y reconstruir la capacidad estatal, tanto en el ámbito económico como en el territorial.