A raíz de la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa (IRF) 2024 sobre Libertad de Religión o Creencias, el Centro de Estudios Latinoamericanos (CLAS) de la Universidad de Georgetown y el Instituto de las Américas (GAI) de la Universidad de Georgetown se juntaron con el Instituto Republicano Internacional (IRI) para organizar un evento sobre libertad religiosa y académica en Nicaragua .
Los panelistas discutieron la crítica situación que enfrentan las instituciones de afiliación religiosa y pidieron un mayor apoyo para los afectados por la represión de las libertades civiles por parte del gobierno de Ortega. El panel fue integrado por Martha Patricia Molina, abogada y experta en libertad religiosa; Marco Morales, activista por la libertad académica de Nicaragua; y Francisco Urrutia de la Torre, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL), y fue moderado por Diana Kapiszweski, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown.
El reverendo Matthew Carnes, SJ, profesor asociado de gobierno y vicedecano de asuntos docentes y de posgrado en la Escuela Walsh de Servicio Exterior de Georetown, abrió la conversación enfatizando la importancia de la libertad religiosa y académica para las sociedades democráticas y relató algunas de las muchas medidas que El gobierno de Nicaragua ha acostumbrado a restringir severamente esas libertades. Carnes destacó el cierre y la incautación de activos de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, afiliada a los jesuitas, y pidió solidaridad entre las instituciones jesuitas, incluida Georgetown.
Molina describió cómo la iglesia se ha convertido en un objetivo desde las protestas de 2018. Las tácticas represivas incluyen el exilio de figuras religiosas, el cierre de universidades afiliadas a los jesuitas y la persecución de miembros de la Iglesia católica por cargos de lavado de dinero. Citando el informe de 2024 “ Nicaragua, ¿una iglesia perseguida? ”, compartió que entre 2018 y 2024 se han registrado 812 incidentes contra la Iglesia católica y 70 contra iglesias evangélicas.
Estas no son las únicas estadísticas preocupantes: 211 sacerdotes y pastores fueron obligados a exiliarse y a 317 personas se les revocó su nacionalidad. Además, el gobierno confiscó 13 edificios religiosos, prohibió más de 3.600 eventos religiosos públicos y cerró 250 ONG de afiliación religiosa.
Molina denunció el enfoque hipócrita de la comunidad internacional hacia Nicaragua. Por un lado, los países condenan al gobierno de Ortega como una dictadura en foros multilaterales como la Organización de Estados Americanos y la ONU, pero el gobierno de Nicaragua aún recibe acceso a financiamiento y préstamos internacionales que, a su juicio, terminan financiando la represión del Pueblo nicaragüense.
Morales habló sobre la libertad académica y su papel en la defensa de la democracia, señalando el papel de los estudiantes en las protestas de 2018, cuando la respuesta violenta del gobierno se cobró 355 vidas. Morales argumentó que el gobierno de Nicaragua ha cooptado el sistema universitario público, convirtiendo las aulas en “cámaras de eco de propaganda política” donde el mérito académico está siendo reemplazado por la lealtad política, y las expulsiones injustificadas se están volviendo algo común. Señaló que las universidades privadas también han sido blanco de ataques; Treinta de las 50 universidades privadas que funcionan en Nicaragua han sido nacionalizadas. Además, se ha reducido la oferta académica en las universidades, eliminándose la filosofía política de los planes de estudio o adaptándola para promover la retórica progubernamental.
Morales señaló que la crisis actual ha exacerbado el éxodo masivo de nicaragüenses, estimado en el 10% de la población del país. A medida que Nicaragua pasó a un totalitarismo en toda regla, se volvió imposible defender los principios de libertad académica y autonomía universitaria. Enfatizó el papel que juega la educación superior en el crecimiento económico y el desarrollo a largo plazo, ya que las instituciones independientes son la base de cualquier sociedad democrática, y expresó su preocupación por la relación de Nicaragua con otros actores no democráticos como Rusia y Corea del Norte.
Urrutia puso de relieve las instituciones jesuitas latinoamericanas, su respuesta a la crisis actual en Nicaragua y las necesidades inmediatas de los estudiantes afectados por el cierre de universidades. La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) incluye 30 instituciones de educación superior afiliadas a los jesuitas en 14 países latinoamericanos. Como respuesta a la represión del gobierno de Nicaragua contra las libertades académicas, y en particular los ataques a la Universidad Centroamericana (UCA), AUSJAL ha apoyado a los estudiantes facilitando su inscripción en instituciones fuera de Nicaragua, creando una base de datos de estudiantes que buscan continuar sus estudios. Descubrieron que el 96% de quienes buscan apoyo son estudiantes de pregrado en los últimos años de sus carreras.
Urrutia destacó las cargas administrativas que enfrentan estos estudiantes, incluida la documentación y validación de expedientes académicos y su estatus migratorio en los países de acogida. Hizo hincapié en la necesidad de apoyo financiero para cubrir la reubicación, la matrícula y los costos de vida de los estudiantes afectados por los cierres.
Al concluir la conversación, Molina, Morales y Urrutia de la Torre coincidieron en que el objetivo final del gobierno de Nicaragua es castigar y silenciar las voces disidentes, sin importar su origen. El exilio forzado de figuras religiosas se está utilizando como alternativa al encarcelamiento interno para evitar costos políticos locales, así como la presión internacional. Los panelistas también coincidieron en que la represión de la libertad académica es parte de una estrategia más amplia que apunta a la independencia y la disidencia en el país.
Los panelistas temen que, a pesar del compromiso proactivo del Vaticano con el gobierno de Nicaragua, haya pocas esperanzas de lograr un gran avance. Anticipan un retroceso sostenido hacia la autocracia y solicitan más apoyo para las víctimas de la represión del gobierno de Nicaragua contra las libertades civiles.
29 de enero, 2024
Como complemento a la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa (IRF) 2024 sobre Libertad de Religión o Creencias, el Centro de Estudios Latinoamericanos (CLAS) de la Universidad de Georgetown, el Instituto de las Américas de Georgetown (GAI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI) organizarán una evento paralelo sobre Libertad Religiosa y Académica en Nicaragua bajo el gobierno actual.
