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3 de agosto, 2026

Colombia: La agenda económica para el nuevo gobierno

El 3 de agosto de 2026, el Georgetown Americas Institute organizó una conversación con Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, y Alejandro Werner, director fundador del GAI, sobre los desafíos económicos que aguardan al gobierno entrante de Colombia.

Marcela Melendez y Alejandro Werner
Marcela Melendez y Alejandro Werner

Meléndez expuso las crisis inmediatas que requieren atención a corto plazo, así como los problemas estructurales de largo plazo que determinarán el crecimiento y el desarrollo del país. Subrayó que los desafíos están profundamente interconectados y que el gobierno deberá priorizar las reformas, evitando al mismo tiempo la tentación de buscar resultados rápidos a costa de políticas cuidadosamente diseñadas.

Preocupaciones financieras

El desafío más inmediato identificado fue la situación fiscal de Colombia. Meléndez describió las finanzas públicas como desordenadas, con un déficit creciente y elevados niveles de endeudamiento que obligan al país a financiarse a tasas de interés altas. Explicó que existe un margen limitado para abordar el problema únicamente mediante recortes del gasto, dado que componentes importantes del gasto público están determinados estructuralmente.

El gasto en pensiones sigue aumentando, mientras que el gasto en salud y otras obligaciones dejan poco margen discrecional. Entre las presiones adicionales figuran las deudas en los sectores de salud y energía, los fallos judiciales internacionales en contra del Estado colombiano y los gastos relacionados con la seguridad.

Dado que los recortes del gasto no serán suficientes, Meléndez señaló que Colombia también debe abordar el aspecto de los ingresos en sus cuentas fiscales. Centró su atención en las amplias exenciones fiscales del país, especialmente las relacionadas con el impuesto sobre el valor añadido (IVA), y planteó que ampliar la base del IVA podría constituir una parte importante de la solución.

Señaló que Colombia pierde ingresos sustanciales debido a las exenciones y sugirió que, al evaluar los efectos distributivos de la tributación, se debería considerar el sistema general de impuestos y gasto. Asimismo, abordó la posibilidad de reestructurar la deuda pública existente para sustituir obligaciones más costosas por financiación a más largo plazo, y subrayó que dar señales creíbles de disciplina fiscal podría ayudar a reducir los costos de endeudamiento de Colombia.

Preocupaciones sobre salud, energía y seguridad

Un segundo ámbito importante de debate fue el de los sectores de salud y energía. Meléndez explicó que el sistema de salud de Colombia arrastraba problemas de larga data, especialmente en la atención a poblaciones rurales dispersas, pero que los intentos recientes de reforma habían perjudicado elementos que funcionaban bien, sin llegar a resolver las debilidades estructurales del sistema. Señaló la necesidad de replantear la forma en que el sistema ofrece cobertura, cómo se asignan los recursos y cómo pueden articularse la participación pública y la privada.

La energía plantea otro desafío urgente. Históricamente, Colombia se ha beneficiado de una matriz eléctrica relativamente limpia, dado que gran parte de su generación es hidroeléctrica, al tiempo que los recursos de combustibles fósiles han aportado importantes ingresos fiscales. Meléndez considera que el país avanzó con demasiada rapidez en su intento de abandonar los combustibles fósiles y que el retraso en las decisiones regulatorias ha generado riesgos inmediatos.

Destacó la importancia de garantizar un suministro adecuado de gas natural y de evitar interrupciones en la generación de electricidad. Asimismo, abordó la complejidad política de las decisiones relativas a la exploración de combustibles fósiles y la necesidad de adoptar un enfoque más gradual hacia la transición a energías verdes.

En materia de seguridad, Meléndez sostuvo que Colombia debería centrarse menos en el marco del conflicto armado histórico y más directamente en el problema actual del crimen organizado. Describió a las organizaciones criminales como empresas sofisticadas que requieren una respuesta coordinada en la que participen el sistema de justicia, la policía, las fuerzas militares, las autoridades financieras y otras instituciones. En lugar de medir el éxito principalmente a través de detenciones y operaciones visibles, sugirió centrarse en reducir el daño causado por dichas organizaciones, debilitar su capacidad de control y prevenir el reclutamiento.

Pensando en el futuro

Meléndez analizó el crecimiento a largo plazo, la productividad, la desigualdad y la inversión, argumentando que el desempeño de Colombia en materia de productividad ha sido débil y que el crecimiento económico debe vincularse a mejoras más amplias en las oportunidades y la movilidad social. Destacó la educación, la participación en el mercado laboral, la informalidad y el elevado número de trabajadores empleados en empresas muy pequeñas o que trabajan por cuenta propia. Asimismo, identificó la energía, el turismo, los recursos naturales y el desarrollo agrícola como sectores con un potencial significativo, siempre y cuando se aborden adecuadamente cuestiones como la seguridad, la regulación, la infraestructura, los aspectos medioambientales y los derechos de propiedad.

El debate concluyó con una reflexión más amplia sobre economía política y confianza institucional. Meléndez subrayó que ningún gobierno de cuatro años puede resolver todos los problemas de Colombia y sugirió que la administración entrante debería seleccionar un número reducido de prioridades capaces de generar resultados significativos y duraderos. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de reconstruir la confianza en las instituciones, preservar la independencia del banco central y alcanzar amplios acuerdos políticos en un Congreso dividido. En última instancia, sostuvo que el éxito no dependería únicamente de mejoras económicas inmediatas, sino de la creación de políticas e instituciones que pudieran trazar un rumbo duradero para el país más allá de un único mandato presidencial.